Drogas, tráfico y seguridad: 7 desafíos para el próximo Gobierno

Por Eduardo Vergara B. Fundador de ODYSH

Llegó el momento de poner fin a la Ley 20.000. Los tiempos en que esta ley se fraguó han cambiado radicalmente y sus incoherencias han generado un impacto tan grande sobre miles de personas, que puede ser incluso mayor al impacto que han generado las drogas mismas en igual periodo. Solo en el 2012, en Chile tomaron lugar más de 230 detenciones al día por Ley de Drogas, siendo el 80% de ellas por porte o consumo. Si bien en los últimos 3 años la proporción de detenciones por tráfico ha aumentado, falta mucho por hacer.

Hoy no solo se ha demostrado que las lógicas prohibicionistas han fracasado a nivel mundial, sino que además existe abundante evidencia que demuestra que el camino debe ser diferente. Esta ley, ha sido la que ha nutrido los esfuerzos fallidos por cumplir los objetivos de reducir el consumo y el poder del tráfico en Chile. Hoy hay más consumo y el tráfico es más dinámico y diverso. El país necesita una nueva regulación realista y que se adapte a los nuevos tiempos, facilitando por un lado estrategias educativas, preventivas y sensatas y, por otro, la modernización de las estrategias de control y persecución al gran tráfico. El próximo Gobierno tendrá una gran oportunidad.

1.- El primer desafío tiene que ver con el consumo de drogas entre menores de edad y adolescentes. Uno de cada dos escolares en 3° y 4° medios reconoce haber consumido marihuana, cifra que prácticamente se ha duplicado desde el 2001. Esta cifra podría no ser un problema, si es que estos jóvenes estuviesen preparados para enfrentar su primer acercamiento a las drogas con información, madurez y libertad. Algo similar ocurre con la cocaína, donde la prevalencia de vida entre estudiantes de 4° medio supera al 5%.

Más allá de las cifras, vemos que en diferentes escuelas y colegios los niños no solo conviven con la venta y consumo de drogas, sino que, en muchos casos, tanto en sus hogares como en los entornos se ven constantemente bombardeados por información falsa y ofertas forzadas. Cuando un niño llega a su casa y en la mesa en que espera tomar once ve a su madre haciendo paquetes de basta base para salir a vender o en la multicancha donde juega fútbol la venden constantemente, las campañas educativas y preventivas que hoy tenemos en nuestros establecimientos educativos pierden relevancia. Lo que necesitamos es que la política nacional, enfocada en la educación y prevención, parta por una coordinación efectiva de todos los organismos estatales que trabajan con escolares, con las juntas de vecinos y toda organización que eventualmente pueda ser de apoyo y tenga contacto más directo con ellos.

Esto ya no es un desafío de salud pública, sino que uno estratégico con foco en lo social. Pero, para lograrlo, se requiere un diálogo sensato que deje a un lado tabúes ideológicos y trabas morales, permitiendo hablarles a nuestros jóvenes de frente y con la verdad. No está de más recordar que el Senda, a pesar de su corta edad, requiere de una modernización urgente, tanto en su discurso como en sus acciones.

Hay mucho Conace en el Senda. Este debe pasar de ser en gran parte un administrador de la tercerización del tratamiento a un órgano robusto, coordinador y que tenga como objetivo principal, tanto en sus acciones como en su presupuesto, empoderar a las personas por medio de la educación y la prevención, contemplando políticas de reducción de daño y asumiendo públicamente que un mundo sin drogas es una utopía. En suma, entender que los beneficiados de su trabajo no son pacientes sino ciudadanos y que con las drogas hay que aprender a convivir, no arrancar de ellas.

2.- En segundo lugar, urge poner atención sobre un indicador preocupante: la percepción de riesgo. Este no es solo un dato de la realidad actual, sino que un predictor de cómo será el consumo en el corto y mediano plazos. Chile es de los países con la más baja percepción de riesgo respecto al consumo de cannabis y esta cifra ha ido bajando al pasar de los años. Culpar a quienes han movido la barrera del debate y facilitado que el país discuta sin tapujos estos temas, es una irresponsabilidad tremenda y un intento de lavado de imagen por parte de los actores que tuvieron en sus manos por años las instituciones de drogas en Chile.

Los factores que son los reales responsables de la baja de percepción tienen más que ver con las mismas campañas preventivas y educativas que se han impulsado desde el Estado y fundaciones durante los 10 años posteriores al retorno a la democracia. La sobrecaricaturización del fenómeno y el uso del miedo como herramienta preventiva, dieron paso a una generación de adultos que no supieron cómo hablarles a sus hijos sobre drogas, resultando en que hoy, los nietos del Conace, crean que la marihuana es una sustancia inocua.

Para enfrentar esto, el objetivo no debe ser aumentar la percepción de riesgo, esperando que tras horrorizar a los jóvenes digan que no. Al contrario, es trabajar para que la percepción de riesgo sea razonable y apegada a la realidad, esperando otorgar así más y mejores herramientas para que los jóvenes desarrollen una capacidad de decidir sobre su relación con las drogas. Si por un lado deciden decir que no, ya sea por un momento o para siempre, lo hagan con plena conciencia de su decisión. Mientras que, si optan por decir que sí, lo hagan conscientes de los riesgos, con apertura para seguir aprendiendo y con la capacidad de modificar y adaptar comportamientos para reducir los daños o terminar con su consumo.

3.- En tercer lugar, debemos generar espacios de información y alerta temprana que sean parte de los entornos públicos, privados y urbanos. Todos los espacios deben ser usados como puntos de contacto que tengan como objetivo dotar de mayor información a las personas. Debemos establecer la obligatoriedad de que en lugares públicos y privados de entretención (bares, conciertos, centros nocturnos, eventos deportivos) y educación existan espacios donde se entregue información sobre drogas, incluyendo potenciales riesgos, mecanismos de reducción de daños y alertas tempranas sobre nuevas drogas.

Esto último cobra especial relevancia teniendo en cuenta la velocidad con la que nuevas drogas sintéticas están ingresando o siendo diseñadas en nuestro país. Ninguna regulación o prohibición por sí sola ha logrado ni logrará enfrentar el fenómeno de las nuevas drogas. Demasiado dinamismo y rapidez para una ley.

4.- No puede haber buena información sin una correcta categorización de las drogas. Es por esto que el cuarto desafío tiene que ver con la necesidad de iniciar un proceso amplio de reclasificación de todas las drogas, para avanzar hacia un enfoque sensato y basado en la evidencia que permita ejecutar políticas basadas en la realidad, no en trabas morales y conveniencias políticas. Todas y cada una de las drogas que componen el reglamento actual deben ser revaluadas sobre la base de su potencial de riesgo sanitario y social. No nos debería sorprender que una categorización responsable y seria terminase por categorizar en los primeros lugares a drogas como el tabaco y el alcohol sobre muchas que hoy son ilegales.

5.- Respecto a la cannabis en particular, no es suficiente que una nueva ley permita una despenalización en su uso y cultivo. Como quinto desafío, el país necesita una regulación por medio de la cual podamos establecer reglas claras donde hoy no las hay. Despenalizar y liberalizar puede terminar siendo un error político, ya que se puede transformar en la excusa permanente para intentar explicar alzas en consumo o incluso en inseguridad.

Debemos ser serios y avanzar hacia una clara regulación que permita saber dónde se puede consumir, qué se puede consumir y quién lo puede consumir. En el caso particular de los usos medicinales y terapéuticos, también se necesitan reglas claras, pero que en todo momento sean capaces de poner en primer lugar el acceso para quienes los necesitan como garantía esencial de bienestar y salud pública. De más está decir que Chile tiene un potencial enorme de transformarse en un líder mundial en investigación y producción de medicamentos sobre la base de cannabis para mejorarles la calidad de vida a millones de personas.

6.- Pero de nada sirve avanzar en políticas relacionadas con consumo y producción, si los esfuerzos para combatir el tráfico y crimen organizado no van de la mano. Como sexto desafío, Chile debe avanzar hacia mayor eficacia en los esfuerzos policiales y de persecución criminal relacionados con drogas. En simple, debe existir una nueva estrategia que ponga el foco de inversión y acción sobre los grandes traficantes.

Dotando de mejores herramientas investigativas y control a nuestras policías, y la posibilidad de que el Ministerio Público pueda llevar adelante sus procesos sin distraer tiempo y recursos en casos menores. Una política nacional contra el narcotráfico debe tener como objetivo inicial el revertir la tendencia en las detenciones, que hoy sigue apuntando en gran parte a menudistas y productores menores. Para poder avanzar, también se requiere de una nueva coordinación entre los organismos financieros y policiales que trabajan sobre el lavado de activos. La oscuridad en los manejos y flujos de recursos sigue siendo el corazón oculto del problema del narcotráfico.

7.- El séptimo desafío tiene que ver con la proporcionalidad en las penas y la persecución. Chile sigue avanzando hacia la realidad de países latinoamericanos, donde el grueso de la población penal está compuesto por personas que han infringido las leyes de drogas en los eslabones más bajos de la cadena de valor, no los grandes narcos. Hoy se estima que, en la mayoría de los recintos penales, más de la mitad de las reclusas está ahí por haber infringido la ley de drogas o haber cometido un delito relacionado con drogas. El panorama es aún más crítico cuando vemos que la población penal nacional sigue estando compuesta por gente joven y de menos recursos. Solo gracias a la Ley 20.000, cerca del 60% de los detenidos tiene menos de 24 años.

El próximo Gobierno tendrá una gran oportunidad de cambiar el enfoque, pero por sobre todo la responsabilidad de entender que gran parte de los fenómenos delictuales, sociales e incluso educativos, están ligados a las drogas. Por mucho tiempo las drogas han sido usadas como el camino más fácil para explicar los males de la sociedad, pero hoy tenemos la posibilidad de mejorar nuestra política, no solo para enmendar rumbo sino también para facilitar el camino hacia una sociedad donde las personas vivan más tranquilas, con mayor justicia, donde se respeten sus derechos básicos y se pueda vivir con mayor igualdad.