#EstudioDrogasOPDOP Percepción sobre las políticas de drogas en Costa Rica en el contexto Latinoamericano

Por Ernesto Cortés Amador y Juan Sebastián Martínez Arias

El Estudio 2014-2015: Políticas de Drogas y Opinión Pública en América Latina (aquí)

La presente Encuesta sobre Políticas de Drogas y Opinión Pública en América Latina es una fotografía de la realidad regional y nacional sobre un tema que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, pero del cual aún se cuenta con pocos insumos para la toma de decisiones. La posibilidad de que Costa Rica se incluyera como uno de los países participantes del estudio, se debe al apoyo recibido por parte del Observatorio Latinoamericano sobre Políticas de Drogas y de la organización Asuntos del Sur. Esto nos ha brindando la oportunidad a la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID) de apoyar el estudio para conocer más a fondo la realidad de Costa Rica en relación con otros países de América Latina.

Costa Rica está ubicada entre dos océanos en la parte sur de Centro América, entre Nicaragua y Panamá. Un país con una historia política y social que lo diferencia en la región, especialmente cuando hablamos de políticas de drogas. A diferencia de los demás países, en Costa Rica nunca se ha sancionado penalmente el consumo de drogas, hecho que ha sido reafirmado recientemente por la Fiscalía General de la República y reflejado en las políticas de salud pública para la atención y tratamiento a personas que usan drogas[1].

Se podría pensar que esta realidad social se debería manifestar en opiniones más abiertas y tolerantes frente al uso de drogas, así como más críticas de los enfoques represivos del consumo y narcotráfico. Aun así, a nivel comparativo con otros países de América Latina, las personas encuestadas mantienen una posición conservadora, muy cerca del promedio de la región y solo en algunas pocas variables las personas jóvenes (menores de 35 años) presentan diferencias significativas con personas adultas (mayores de 35 años).

Estas posturas conservadoras no se reflejan solamente en el tema de políticas de drogas sino a otros vinculados asimismo a la garantía de derechos humanos como por ejemplo con la aprobación del aborto (Grafico No.1), la homosexualidad (Gráfico No.3), la eutanasia (Gráfico No.5) y el matrimonio con personas del mismo sexo  (Gráfico No.7), los datos proporcionados por Costa Rica son muy similares al promedio regional. Mientras que en otras variables como la percepción del aumento del narcotráfico (Gráfico No. 9), la disponibilidad de marihuana de cocaína y de otras drogas (Gráficos No. 11, 13 y 15 respectivamente), se encuentra por encima del promedio. Por lo que no parece una casualidad que un 46% de las personas encuestadas piensan que el consumo de drogas es un problema de seguridad (Gráfico No.18) y que un 80% perciba una relación entre consumo de marihuana y delincuencia (gráfico No.16).

En relación con la opinión sobre las actuales y posibles políticas de regulación y control de drogas, se genera un cambio representativo en las percepciones de jóvenes (18 a 35 años) y adultos (mayores de 35 años). Esta diferencia generacional es una de las más significativas entre todos los países que participaron del estudio. Un ejemplo son las preguntas sobre si la producción y consumo de drogas debe ser despenalizado o legalizado (gráficos No.30 y No.32), donde la respuesta de aprobación por parte de las personas jóvenes costarricenses se encuentran entre las más altas de la región.

Un dato muy importante de analizar corresponde a la percepción sobre la producción de drogas y si la misma debe ser despenalizada o legalizada; Costa Rica se encuentra en el promedio regional con un 29% de aprobación,  pero, la percepción de las personas menores de 35 años es la tercera más elevada de la región –junto a Colombia- llegando a un 43%, solo debajo de México (68%) y Chile (46%). Este dato toma relevancia debido a los procesos actuales en el clima de regulación de la marihuana medicinal que está ocurriendo en Costa Rica, ya que en el mes de agosto del 2014 se presentó un proyecto para regular la producción, comercialización y uso medicinal e industrial del cannabis[2].

Aun así, los  datos del gráfico No.50 (Aprobación del uso terapéutico de la marihuana) y No.51 (Aprobación del uso recreativo de la marihuana) Costa Rica se encuentra prácticamente en el promedio regional, aunque la aprobación para el uso medicinal es el doble que la del recreativo. Por lo que se podría plantear que para la población costarricense es más probable la aprobación de medidas regulatorias sobre el uso medicinal del cannabis que para su uso recreativo, dando un ambiente social optimista para el proyecto de Ley en cuestión.

Costa Rica ocupa una posición diferenciada en relación al resto de países participantes de la encuesta, según el tipo de sustancia que más se consume (ver Gráfico A). En comparación al promedio regional, la prevalencia de consumo (uso en los últimos 12 meses) de alcohol es igual, la de tabaco es mucho menor y la de marihuana es levemente mayor. Estos datos resultan muy interesantes, ya que tanto la prevalencia en el consumo de alcohol y de cannabis son más altas que las presentadas en varias encuesta nacionales del IAFA[3] y del CPJ[4]

Segregando la información obtenida sobre el consumo de sustancias en los últimos doce meses, (Gráficos No.40, 41, 42, 44, 46 y 47), obtenemos que en Costa Rica el 74% de personas reportó haber consumido alcohol en los últimos 12 meses, igual que el promedio regional. Para el consumo de tabaco solamente el 24% lo uso en el último año, y un 40% reporta no haberlo consumido nunca; debajo del promedio regional de 38% de uso en el último año y un 37% que nunca lo ha probado.

El lo que respecta al uso de la marihuana, Costa Rica reporta un uso del 30% en las personas encuestadas, y de ese porcentaje, 20% la han consumido en el último año; apenas por encima de del promedio de la región que cuenta con un 18% de consumo en los últimos 12 meses. Para la cocaína, se reporta un 8% de uso en algún momento, y un 3% dicen haberla consumido en el último año, datos que representan lo mismo para el promedio regional.

Con respecto al uso de pasta base (crack para Costa Rica), el promedio regional reporta un 1% de uso hace más de 12 meses, para los costarricenses es un 2% hace más de un año. El uso de otras drogas es más extendido en promedio que el crack, pero mucho más bajo que cualquier otra droga mencionada, alcanzando un uso para el último año de 2%, más bajo que la región con un 3%.

Se puede observar además, que  con respecto a nuestro referente centroamericano, El Salvador (el cual tiene una población de más de seis millones de habitantes y Costa Rica cerca de cinco millones) el consumo de marihuana es mucho más elevado, así como el consumo de alcohol, siendo el tabaco la única sustancia con una prevalencia de consumo similar entre ambos países.

El siguiente Gráfico B se elaboró utilizando los gráficos No.52, 53 y 54 (donde la percepción se midió de 1 a 10, siendo 1: nada peligroso y 10: totalmente peligroso) donde se obtiene que para las personas encuestadas la sustancia más peligrosa es el tabaco (7,95, seguida por el alcohol (7,36) y finalmente la marihuana (6,99). Todos los datos para Costa Rica están por debajo del promedio regional y con respecto al alcohol y al tabaco son los más bajos y la marihuana levemente por debajo de Chile.

Es de suma relevancia recalcar que más de la mitad de las personas encuestadas (55%) opinan que el consumo de drogas debería ser un derecho individual (Gráfico No.38). Esto ubica a Costa Rica como el tercer país de la región, superado solamente por Uruguay (68%) y México (57%).

La encuesta muestra que entre la población costarricense que fue entrevistada, se comparte una posición conservadora con los demás países de América Latina.  Esta es una realidad podría modificarse a medida que avance el cambio generacional y que las personas jóvenes vayan accediendo a los puestos de poder y toma de decisiones políticas.

Es necesario enfatizar en la incorporación del enfoque de derechos humanos en las políticas de drogas, promoviendo el financiamiento y ejecución de estrategias basadas en la salud pública y la reducción de daños. En donde exista un mayor acceso a información oportuna fundamentada en evidencia científica y servicios de atención basados en la confianza y el respecto. En donde las personas que usan drogas no sufran de discriminación y estigmatización y donde las personas sentenciadas por delitos menores relacionados con drogas, no sufran penas desproporcionales. Todo esto si de verdad queremos poder apoyarles e integrarles a la sociedad, en vez de seguir cerrándoles puertas y oportunidades de crecimiento personal o incluso violentándoles sus derechos fundamentales.

 

[1] Cortés y Amighetti (2014) Políticas de drogas y Derechos Humanos: reformas en Costa Rica. Perspectivas 4/2014. Fundación Friedrich Ebert Costa Rica http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/10860.pdf

[2] Proyecto de Ley 19.256 Ley para la investigación, regulación y control de las plantas cannabis y cáñamo para uso medicinal, alimentario e industrial

[3] Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (2012). Consumo de drogas en Costa Rica. Encuesta Nacional 2010. San José, C.R : IAFA.

Ernesto y Juan Sebastián pertenecen a la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas

[4] Cortés y Sánchez (2014) Personas jóvenes usuarias de sustancias psicoactivas en Costa Rica: Análisis comparativo de varias encuestas nacionales. Revista Juventudes. Consejo de la Persona Joven p.p.: 34 – 45