#EstudioDrogasOPDOP Percepción sobre drogas en la región: aun nos falta mucho camino por recorrer

Por Catalina Niño El Estudio 2014-2015: Políticas de Drogas y Opinión Pública en América Latina (aquí)

Los resultados de la última Encuesta anual realizada por el Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública de Asuntos del Sur en nueve países de la región (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Perú y Uruguay) evidencian una vez más las tendencias conservadoras que predominan en América Latina en materia de reconocimiento de derechos individuales. Las cifras que presenta el estudio de este año (la encuesta se realiza desde 2011) sobre aprobación del aborto, la eutanasia o el matrimonio entre personas del mismo sexo indican que, en general, los latinoamericanos ven negativamente estos fenómenos.

En materia de política de drogas la dinámica es la misma y en este contexto, es claro que el apoyo ciudadano a reformas o propuestas alternativas de política pública para atender los problemas vinculados con el mercado de las drogas ilegales es y seguirá siendo muy limitado. En efecto, aunque el 49% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación de que el consumo de drogas es un derecho individual, 45% también considera que éste debe ser considerado como un problema de seguridad ciudadana y solo el 38% cree que el consumo debe despenalizarse o legalizarse. En los casos de la producción y el comercio de drogas, quienes consideran necesaria una despenalización son aun menos: 33% y 27%, respectivamente. Es decir, en la región hay un apoyo mayoritario al modelo represivo y prohibicionista que ha caracterizado las políticas contra las drogas durante los últimos 50 años. Incluso, los resultados de la encuesta sugieren que aún persisten ideas equivocadas difundidas en el marco de la guerra contra las drogas, como la generalización del vínculo entre drogas y comisión de delitos. Así, el 75% de los encuestados consideran que el consumo de marihuana está relacionado con la realización de actos delictivos, aun cuando está comprobado que esa sustancia no genera comportamientos agresivos.

A pesar de estos resultados que señalan un apoyo mayoritario de la ciudadanía a las estrategias represivas en materia de política de drogas, hay algunos indicios de pequeños cambios en las percepciones que pueden dar luces sobre la dirección en la que se debe trabajar en el futuro para lograr que la gente en América Latina apoye más decididamente procesos de reforma a esas estrategias. Por una parte, es claro que los jóvenes son actores claves en estos asuntos, dado que son el grupo poblacional que más contacto tiene con las sustancias que hoy son ilegales y en ese sentido, es esperanzador observar que ellos son más propensos a aceptar modelos de regulación o legalización de la producción, comercio y consumo de drogas.

Por otro lado, ante las preguntas sobre la peligrosidad del consumo de alcohol, tabaco y marihuana, aunque en todos los casos las respuestas evidencian percepciones sobre altos niveles de peligro (8.1, 8.2 y 7.8 respectivamente), la marihuana es percibida, correctamente según la evidencia científica al respecto, como menos peligrosa. A esto se suma una tendencia ligeramente creciente a la aprobación del uso terapéutico de marihuana (6.5 en una escala de 1 a 10, que representa un aumento leve de aprobación en todos los países frente al año anterior). Seguramente estos resultados se relacionan con el amplio debate público que ha habido en la región y en Estados Unidos en los últimos años con respecto a la regulación de la marihuana y que parece estar teniendo efectos positivos en la opinión pública.

Esto sugiere que es importante continuar promoviendo debates y difundiendo argumentos basados en evidencias científicas, que permitan corregir ideas incorrectas sobre las drogas ilícitas y diseñar políticas más inteligentes y adecuadas a las necesidades de los países y la región en su conjunto. Los resultados de la encuesta entre los jóvenes mexicanos, que mayoritariamente apoyan la despenalización de la producción (68%), comercio (66%) y consumo (73%) de drogas, en un contexto de violencia y graves violaciones de derechos humanos vinculados al mercado ilegal, son indicativos de que la población está comenzando a sentir la necesidad de un cambio de estrategia. Quienes creemos también en esa necesidad debemos seguir construyendo a partir de esos pequeños cambios, en los ámbitos locales, nacionales y regionales, para avanzar en un camino de menos violencia y mayor respeto por los derechos de las personas.

Catalina es Directora del Programa de Seguridad Regional en América Latina de la Fundación Friedrich Ebert.