Ciudadanos vs Pacientes: los dos enfoques que se disputan la ley de drogas

Por Eduardo Vergara, Director del OPDSH Hace solo semanas desde el SENDA argumentaron que el consumo de marihuana causaba locura. Un eslogan más para justificar la continuidad de las mismas políticas implementadas ya por 25 años que no han presentado avances positivos. “Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados” (Einstein).

El Ejecutivo se ha comprometido a ingresar indicaciones al proyecto que actualmente se discute en el Congreso y que busca mejorar la Ley de Drogas en Chile. A pesar de la presión desde el SENDA, el pasado lunes al menos quedó claro que el Gobierno comparte la necesidad de un cambio. Esta es una gran oportunidad para que demuestren con acciones concretas la voluntad de mejorar una mala ley que afecta negativa y desproporcionalmente a jóvenes, mujeres y quienes menos tienen. Seguir evadiendo este problema, nos va a salir demasiado caro como país en el corto, mediano y largo plazo.

142 personas son detenidas a diario en Chile, 6 de cada 10 son jóvenes entre 18 y 29 años y el 67% son por consumo, porte y cultivo. En 9 años las detenciones por cultivo se han multiplicado por seis llegando a 2.045 al año y más de 250 mil plantas fueron incautadas solo el 2012. La situación de las mujeres es particularmente preocupante. El 58% de las mujeres tras las rejas están ahí por delitos de drogas y el 54% es menor de 35 años. ¿Cuál es el resultado? El consumo de drogas en escolares presenta aumentos dramáticos, en población general sigue en aumento y miles de personas continúan siendo víctimas de castigos desproporcionados. Mientras tanto, organizaciones dedicadas al delito siguen financiando sus acciones gracias al prohibicionismo y usando a los más pobres como soldados y eslabones débiles en la cadena del tráfico. Lo resultados no solo hablan de un efecto negativo sobre la salud y los derechos humanos sino también sobre la seguridad.

El debate sobre drogas hoy se divide en dos enfoques. Uno, el más progresista, que entiende la necesidad de mejorar la ley junto con la necesidad de generar reglas claras donde no las hay, para así terminar con una serie de incertidumbres. Es un paso lógico para un Estado que debe tratar a sus ciudadanos como tales. Sujetos de derecho, con políticas que protejan su salud y que, por sobre todo, dejen de empujarlos a las manos de narcos. El programa de la Presidenta Bachelet se basó en gran parte en el enfoque más progresista, reconociendo la necesidad de revaluar la ley, categorizar correctamente las drogas y quitar el foco penal sobre los consumidores. Por esto, lo correcto sería que el Gobierno avance sobre la base de esto.

El otro enfoque, continúa atado a tabúes ideológicos y trabas morales que le impiden ver la amplia evidencia mundial. Errados, piensan que el prohibir va a llevarnos a un mundo libre de drogas donde el ciudadano reacciona solo sobre la base del garrote. Afortunadamente este enfoque es minoritario, estando más interesado en tratar a los ciudadanos como pacientes, poniendo el foco en el aumento del presupuesto para tratamiento y justificándolo por medio de campañas de terror que solo han logrado desinformar y generar una perdida de confianza que es la gran responsable de la disminución de la percepción de riesgo con las que los jóvenes ven el consumo de droga en el país. Aquí se han instalado ideas respecto a que al autocultivo aumentará el consumo y el tráfico, junto con  asegurar que tendremos más adictos. Esperamos mayor seriedad de quienes emiten estos juicios y que de una vez por todas salgan a explicar la supuesta evidencia, concluyente, que manejan para sustentar esto. Quienes tienen un consumo problemático deben recibir ayuda con toda la fuerza del Estado, sin embargo, la mayoría debe recibir herramientas para definir su relación con las drogas de manera responsable. Es momento de terminar con la obsesión de diagnosticar y estigmatizar a medio Chile como enfermo y adicto, solo por consumir drogas de manera responsable.

El proyecto de ley que se está debatiendo lograría cinco efectos fundamentales: 1) Dar certezas donde hoy no las hay (porte y cultivo); 2) Castigaría lo que se debe castigar y aumentaría la protección por la salud; 3) Quitaría poder al narcotráfico; 4) Ayudaría que las policías se enfoquen en perseguir a delincuentes y dejar de malgastar recursos en perseguir pitos y plantas; y, por sobre todo, 5) Permitiría poner el foco sobre los más afectados: Jóvenes, mujeres y quienes menos tienen. Reglar y despenalizar el autocultivo de marihuana traerá una serie de beneficios para los usuarios y el Estado, efectos que ya han logrado quienes están cultivando. Primero, miles de personas podrán dejar de verse obligados a interactuar con traficantes para adquirir su marihuana. Estos últimos son quienes hoy tienen el poder para establecer las condiciones de la transacción, aumentando así la vulnerabilidad del usuario. Al no saber qué es realmente lo que le venden, miles de personas están siendo expuestas a consumir sustancias de bajísima calidad y dudosa composición. El incentivo del traficante es desarrollar clientes leales, por ende, empuja al usuario a probar otras drogas y se transforma en la verdadera puerta de entrada a las drogas duras. Lo que necesitamos es empoderar a los usuarios, para que sepan qué consumen, como consumen y donde consumen. Otro de los objetivos que busca este proyecto, es el de definir los parámetros de porte de droga. La vaguedad con que esto está establecido en la ley, deja abierta la posibilidad de interpretaciones respecto a qué es para consumo y que es para la venta. Este proyecto busca definir un parámetro de porte en los 10 gramos de cannabis para el uso personal. Quienes porten droga para su uso personal, ya permitido en Chile, deben poder hacerlo sin miedo de ser detenidos y juzgados injustamente. Por último, otro de los elementos que busca este proyecto, es abrir la puerta para los usos terapéuticos de la cannabis.

Esto, claro, bajo una prescripción médica que seguirá todos los conductos legales ya existentes. Esperamos que la visión progresista sea la que perdure en este proceso y que la señal dada el lunes termine con una reflexión que permita respetar el proyecto tal como fue presentado. Es importante que parte del Gobierno deje de hablar de pacientes y hable de ciudadanos, y que entienda que lo que con estas modificaciones se busca, es ampliar la regulación, ofrecer mayor claridad y resguardar los derechos de miles de personas. Claro está que, tras la aprobación de este proyecto el Estado debe dar un giro en la forma que enfrenta el fenómeno, ya que, de seguir igual, es posible que tengamos incluso mayores y nuevas externalidades negativas, entre ellas la continuidad del aumento del consumo y mayor desprotección a los más débiles.

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