#EstudioDrogasOPDOP El Caso Peruano

Por Ricardo Soberón Garrido.

El Estudio 2014-2015: Políticas de Drogas y Opinión Pública en América Latina (aquí)

En primer lugar, quiero manifestar mi agradecimiento al Observatorio Latinoamericano y a Asuntos del Sur, por incluir al Perú y confiar en el trabajo del CIDDH para la realización de la presenta Encuesta Anual. En segundo lugar, expresar mi agradecimiento a la abogada Nohelia Ybaceta y su equipo de encuestadores, por el trabajo realizado en Lima Metropolitana, con un corto período de tiempo. Quiero además resaltar este esfuerzo pues se trata de un esfuerzo en una región que tiene tres problemas fundamentales cuando se refiere a drogas y políticas públicas: o sufre de dependencia de data externa, o hay ausencia de data, o no hay capacidades de interpretación de esa data, facilitando su manipulación políticamente interesada. Por ser la primera vez que participamos, vamos a concentrar nuestros comentarios en el tema drogas y narcotráfico, para el caso peruano (considerado el primer productor mundial de pasta base y de hoja de coca), señalando prima fascie algunos conceptos que me parecen claves para el análisis nacional; ellos son: el carácter tradicionalmente conservador de la sociedad peruana, el rol de las Iglesias, de ciertas ONGs de prevención del uso de  drogas, y, de la prensa nacional usualmente sensacionalista, en la adopción de imaginarios colectivos sobre determinados asuntos complejos como son la (in) seguridad ciudadana, la descripción del problema del tráfico de drogas, y la influencia de 50 años de adopción del paradigma prohibicionista.

Primero, el 70% de los encuestados en Lima, Perú piensa que en los últimos 5 años, el narcotráfico ha aumentado(posición 7/9). Segundo, en cuanto a disponibilidad de THC, 74% de población peruana en general encuestada, piensa que ésta ha aumentado. Tercero, el 69% de población general piensa que disponibilidad de cocaína ha aumentado. Sobre disponibilidad de otras drogas, el 74% piensa que ha aumentado. Es decir, habría un consenso mayoritario sobre el crecimiento del problema de disponibilidad de drogas ilícitas en la región.

Ahora bien, sobre la relación entre Drogas y Delito, en el caso peruano, el 79% piensa que hay relación entre marihuana y actos delictivos, lo que resulta al menos curioso o contradictorio pues la evidencia y la naturaleza del principio activo de la marihuana indicarían que lleva más bien a estados de calma y no de mayor impetuosidad; además, la frecuencia de los casos en los que la comisión de delitos violentos va asociada a la posesión o uso de drogas, refieren fundamentalmente la pasta base de cocaína y en menor medida la marihuana. El 89% de los jóvenes y el 73% de los mayores de 35, piensan lo mismo. Cuando se trata de la relación consumo y seguridad ciudadana, el 48% de los encuestados peruanos (posición 3/9), piensa que si tiene relación, por encima del promedio regional (45%). Sobre la relación entre consumo de drogas y salud pública, el 44% de la población en general peruana, lo piensa como un asunto de salud (4/9). En definitiva, solo para el 9% de la población encuestada en Lima, el consumo de drogas no es un problema (superior al 7% de promedio regional), lo que indicaría una pobre capacidad de diferenciar las sustancias y los distintos usos sociales.

Cuando nos detenemos en el rol de las instituciones del Estado y particularmente la actividad de la Policía para perseguir a consumidores encontramos que la situación del Perú es la peor de todas las encuestadas: solo el 16% de los encuestados en Lima, Perú, piensa que no es efectiva. Por nuestros trabajos institucionales en la “Línea Verde”[1], nos damos cuenta que es fuente de frecuente corrupción, y, por otro lado, completa las metas anuales de la Policía en la lucha contra el narcotráfico (60% de las detenciones son por consumo, pese a que no es delito). Esto lleva a un extremo cuando la pregunta se traslada al rol de las FF.AA en la lucha contra el narcotráfico: en el Perú, donde desde hace más de ocho años varias regiones alejadas del país –donde se produce hoja de coca- se encuentran bajo “estado de emergencia” y bajo mandato militar, solo el 15% de la población piensa que no es efectiva. Aquí hay que señalar que como la encuesta se hizo en Lima, la población consultada no suele sufrir los efectos de la presencia militar excesiva.

Sobre los asuntos relacionados a revisión, reforma o propiamente despenalización o legalización de producción de drogas, los resultados que arroja la encuesta peruana nos confirman el grado de conservadurismo/desconocimiento/desinformación que existe y que han sido mencionados al inicio de este trabajo:solo el 23% de la población en general consultada –cuando se trata de menores de 35 años, sube a 26%-  está de acuerdo con estas medidas, muy por debajo del 33% promedio regional; solo Bolivia y El Salvador tienen posiciones más conservadoras. Esto también revela la absoluta desinformación o ignorancia que hay, por ejemplo, cuando se trata de la producción de la Hoja de Coca (arbusto), tanto para uso tradicional ritual y cultural, como para otros usos lícitos modernos (harina de coca). Cuando se refiere a la legalización del comerciocuriosamente, el 20% de la población limeña consultada está de acuerdo, también por debajo del 27% promedio regional. Cuando se trata de la legalización del consumo de drogas: 27% de la población consultada, está de acuerdo, quizá como efecto de esta ola hemisférica y mundial.

Ahora bien, sobre el concepto de “la marihuana debería ser legal”, la percepción general a favor es muy baja en toda la región (promedio de tan solo 2.33% a favor) y en este contexto tan pobre, el 2.83% de los limeños se manifiesta a favor. Igualmente, solo el 2.08%, está de acuerdo con la experiencia uruguaya de desregulación de la marihuana.

Sobre el carácter de derecho individual al uso de drogas, la respuesta para Lima, Perú es de 44% piensa que si se trataría de un derecho de las personas, por debajo del promedio regional del 49%. Esto se contrasta con los dispositivos constitucionales peruanas, tanto de la Carta de 1979 como la de 1993 que señalan una tremenda contradicción conceptual: El Estado combate el tráfico de drogas ilícitas y regula el uso de las lícitas.  Este desfase se confirma en la siguiente pregunta, cuando analizamos los resultados sobre uso de alcohol en el caso de la población limeña consultada: el 56% de los consultados lo ha probado en los últimos 30 días, superior al 55% de promedio regional; igual podemos decir cuando luego se consulta sobre la peligrosidad del alcohol: la percepción entre la población limeña consultada es que solo el 7.49% lo considera peligroso, por debajo del promedio regional (8.1%).

Estos resultados respecto del alcohol,  revelan pues la profunda disparidad y lógica que hay en una sociedad urbana como la limeña, sobre la permisividad/fomento de la cultura del alcohol y la reprimenda social sobre otras sustancias menos dañinas. El caso el tabaco es parecido pero en menor medida: 26% lo ha probado en el último mes, aunque esta vez, por debajo del 30% de promedio regional; cuando luego la Encuesta pregunta por la peligrosidad del tabaco, encontramos que para el 8.46% de los limeños consultados, el tabaco es peligroso, por encima del promedio regional (8.1%).

Cuando pasamos a marihuana, solo el 4% de limeños consultados la ha probado, por debajo del 11% de promedio regional, en el caso de la cocaína, pasta base u otras drogas,  nadie reconoce su uso en el mes anterior,  aunque reconocemos que aquí podría haber algún margen de no suministro de información.

Cuando se interroga sobre el centro de trabajo y la asistencia bajo el efecto de alguna droga ilícita, es sorprendente la diferencia entre los resultados obtenidos para la región (promedio de 75% afirmativo), con el caso peruano de 25% que reconoce que sí. Habría que explorar más y mejor esta diferencia.

Sobre el uso terapéutico de la marihuana notamos que en el Perú hay un cambio favorable respecto de lo que se pensaba hace un año (de 2.92 a 3.84), y esto revela una tendencia positiva que se contradice con el resto de la región encuestada, como consecuencia de los cambios que vienen ocurriendo en diversos países del Hemisferio. Cuando pasamos a uso recreativo de la marihuana, sin embargo, la situación cambia: solo el 2.7% de la población encuestada, se muestra a favor, por debajo del 3.97% de promedio regional. Curiosamente, el 8.89% considera peligroso el uso del cannabis, por encima del 7.79% de promedio regional.

En conclusión, podemos concluir que encontramos tres grandes tipos de contradicciones en los resultados de la encuesta relacionada a la población de Lima, Perú: una primera, sobre la poca claridad que existe entre el uso de drogas, los delitos y la seguridad ciudadana y la salud pública, como consecuencia del miedo, la desinformación, y la búsqueda de soluciones rápidas y/o simbólicas; la segunda contradicción se refiere a la extrema confianza en la Policía y más aún las FF.AA, para enfrentar estos temas, y la tercera, una profunda contradicción normativa y social, entre la percepción y la aceptación o no que hay sobre las drogas legales e ilegales. Termino señalando en la necesidad de volver a hacer esta experiencia en un siguiente ejercicio para ir midiendo los cambios de percepción que definitivamente vienen ocurriendo, incluso en el Perú.

Ricardo Director del CIDDH, Abogado, ex Presidente Ejecutivo de DEVIDA (2011). 

[1] Línea Telefónica que permite denunciar casos de detención policial indebida de usuarios de cannabis, el CIDDH envía un abogado para defender en estaciones policiales.