De lo correctivo a lo preventivo: ¿Por qué subir el precio del alcohol?

Por Eduardo Vergara, Director de Asuntos del Sur y Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas

Si bien no es el pilar central de la Reforma Tributaria, el alza en los impuestos al alcohol es un elemento que puede generar importantes cambios en el comportamiento de la sociedad. En términos simples, este es un “impuesto correctivo”, especifico, a una droga legal y regulada, sobre la cual se pueden fijar márgenes impositivos que crean aumento o reducción en su precio final.

El uso excesivo de alcohol contribuye a una variedad de problemas sanitarios y sociales, con altos costos, entre ellos daños físicos no deseados como los accidentes automovilísticos; suicidios, homicidios, cirrosis, cáncer gastrointestinal, vandalismo, violencia, perdidas en la productividad, etc. En el caso de Chile el mismo SENDA ha entregado evidencia que confirma que el consumo de alcohol, tanto en la víctima como en su pareja, se asocia significativamente con situaciones de violencia al interior de la pareja. La prevalencia de uso de alcohol en Chile y sus efectos es una preocupación latente que no ha podido ser enfrentada con éxito hasta ahora.

Pero volvamos al precio. En general, el uso de impuestos sobre el alcohol busca tener dos grandes efectos. El primero es sobre la demanda (reducir o definir la demanda gracias al alza del precio) ya que tras el aumento de este se espera una reducción en su uso (en general discriminatorio en razón de los ingresos). La segunda busca un efecto correctivo que busca por medio de la reducción del impacto y costos que su uso causa en la sociedad, prevenir una serie de externalidades negativas.

En particular, el aumento en el precio final del alcohol también ha demostrado retardar la edad de inicio en el consumo de alcohol entre jóvenes. Principalmente ya que la renta disponible (disposable income) de estos es mucho menor y la capacidad de adquirir un bien como el alcohol depende principalmente de ésta. De acuerdo al último estudio del Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas de Asuntos del Sur en jóvenes entre 18 y 34 años, el 34% de los chilenos aseguró que la edad de su primer consumo de alcohol fue con menos de 14 años y el 48% que fue con menos de 17 años. Sea la lectura que sea, estas cifras siguen siendo preocupantes.

Sin embargo, los ingresos percibidos gracias al alza deben no solo ser usados en paliar los costos negativos que el uso tiene sobre la sociedad sino que principalmente estar destinados a las políticas de educación, prevención y rehabilitación. Lamentablemente, nuestra Constitución permite que la recaudación fiscal de un producto o actividad sea usado con finalidades especificas solo en muy pocos casos. En el caso del impuesto a los alcoholes la recaudación va directamente al erario nacional. Urge establecer políticas que aseguren que la recaudación obligatoriamente sea usada en el financiamiento y expansión de políticas educativas y de prevención. De esta manera también, el pago de un precio mayor gozará de un efecto claro y palpable por parte del usuario, no solo sobre el financiamiento correctivo, sino que por sobre todo el preventivo.

Finalmente, no podemos asumir que los efectos de un alza en impuestos son solo positivos. Alzas en los precios del alcohol también generan incentivos para el uso de alcoholes de menor calidad y bajo precio. Una serie de estudios en jóvenes demuestra que estos simplemente cambian la preferencia de un alcohol a otro guiándose por el precio, pero no necesariamente dejando de tomar alcohol o incluso optando por el uso de otras drogas legales o ilegales. Esto también es causal que incluso los patrones de uso de alcohol sean mayores: se consume más, a menor precio y de menor calidad. Para contrarrestar estos efectos se debe invertir más y mejor en campañas educativas que se alejen del morbo y se centren en la evidencia.

Pero de la misma manera, ya han dado un paso al frente también quienes se encuentran contrarios a esta alza argumentando en base a los efectos que tendría sobre los pequeños productores como lo es el caso del pisco en la Región de Coquimbo. Esta es una discusión mezquina, ya que si el problema se basa solo en los efectos que esto tendría sobre la sobrevivencia de estas productoras, existen varias herramientas que pueden contrarrestar estos efectos con políticas pro pyme y emprendimiento que perfectamente pueden alivianar este impacto. No podemos permitir que cálculos electorales y conveniencias políticas frenen una tan importante reforma.

Chile y el mundo está participando de un importante debate en torno a la regulación de las drogas. Los marcos regulatorios permiten que tengamos esta reflexión sobre posibles políticas que pueden no solo reducir los daños asociados a los usos, sino que en casos efectivamente evitar el consumo. Esto ultimo ha demostrado ser un tremendo fracaso cuando solo se enfrenta con políticas prohibitivas. En el caso de los impuestos al alcohol, más importante que corregir es prevenir y asegurarnos que los recursos recaudados sean usados correctamente.