El primer país del mundo en legalizar la cannabis

Por Eduardo Vergara B., Director de Asuntos del Sur y Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública

Presidentes reformistas en América Latina hay pocos, por no decir casi ninguno. José Mujica, Presidente de Uruguay, rompió con la historia al lograr una de las reformas más grandes en lo que a política de drogas se refiere. El martes 10 de diciembre, el Senado uruguayo aprobó la legalización de la cannabis, transformando a Uruguay en el primer país del mundo en regular esta droga, legalizando uso con fines recreativos y un marco regulatorio para la producción, distribución y la venta. Quienes quieran acceder a cannabis para uso medicinal lo podrán hacer por medio del Ministerio de Salud Pública; quienes quieran cultivar, podrán tener hasta 6 plantas; también será posible participar en clubes para usuarios similares a los de España; y quienes quieran simplemente comprar para su uso, lo podrán hacer en farmacias con un limite de 40 gr/mes lo que se transforma también en la cantidad permitida para el porte.

Alzas considerables en la prevalencia de uso de cannabis, cárceles donde el 10% de quienes están ahí lo hace por infracciones menores a la ley de drogas y un empoderamiento del crimen organizado gracias a los recursos del tráfico; fueron algunas de las señales internas que llevaron a una reflexión profunda. De la mano con la situación interna, una ola de discusiones y reformas a leyes de drogas en toda la región, el activismo liderado por ex presidentes como Fernando H Cardoso, Ricardo Lagos, Ernesto Zedillo y César Gaviria, presidentes como Juan Manuel Santos y Otto Pérez Molina y la llegada a consensos de alta importancia por parte de organizaciones multilaterales como la OEA y la PNUD; generaron un soporte lo suficientemente fuerte para que Pepe Mujica y el Frente Amplio dieran un paso con pragmatismo.

El diagnóstico necesario para avanzar en esta reforma, fue similar al que vemos por toda la región. Las políticas de drogas basadas en la represión y prohibición han causado más efectos negativos que positivos. En consecuencia, el uso de drogas (especialmente desinformado) no se ha logrado contener o reducir, el gasto en políticas preventivas y educativas ha sido extremadamente ineficiente y la disponibilidad de recursos con los que cuentan organizaciones de crimen organizado (y no tanto) ha aumentado considerablemente. En conclusión, como ocurre en toda la región, hay más consumo, más gasto, alzas en detenciones y quienes buscan financiar el terror cuentan con mayores recursos. La guerra contra las drogas resultó en una bochornosa derrota.

Fue entonces en junio del 2012 cuando el Presidente uruguayo, y en el marco de políticas para combatir el crimen y la inseguridad publica, anunció la propuesta. Desde ese momento la comunidad internacional participó en los debates locales y asesorando al gobierno y la sociedad civil. Diversas organizaciones ciudadanos, principalmente ligadas a la lucha por derechos, se agruparon bajo la estrategia (principalmente comunicacional) llamada Regulación Responsable. La regulación fue aprobada por la Cámara de Diputados en junio de este año y el Senado la aprobó el pasado martes con 16 de 29 votos siendo el Frente Amplio el actor clave en apoyar la idea de Mujica.

Después de Uruguay podemos esperar una mayor apertura en el debate a nivel regional. El 2013 fue un año de amplias discusiones, de la consolidación de consensos, la decisión de los estados de Colorado y Washington de regular la cannabis y por sobre todo la participación de organizaciones multilaterales, destacando el documento de escenarios de la OEA, que manteniendo las proporciones, gatilló un importante numero de discusiones y revisiones por toda América Latina. El 2014 será un año donde ya podremos ver algunas señales de lo que esta ocurriendo en los dos estados de EEUU y Uruguay, lo que servirá para alimentar una mayor presencia mediática de estos temas e inevitablemente la necesidad de obtener mayor y mejor información para sentarse a la mesa.  El norte es una política que sea fiscalmente responsable, basada en la evidencia, la salud pública y el respeto por los derechos humanos.

Cuando los costos (miles de muertes, desapariciones, hacinamiento carcelario, aumento en consumo desinformado, etc.) y la ineficiencia en el gasto (nulos resultados en disminución en el consumo y la reducción del crimen organizado) seguirán haciendo evidentes, es de esperar que otros estados se sumen a esta ola de reformas. Sin ir mas lejos, Michelle Bachelet de ser electa en Chile aseguró que hará una revisión a la ley de drogas y buenas señales aparecen de forma esporádica en países como Argentina, Colombia y México.

Bien por Uruguay, avanza de manera responsable y pragmática hacia soluciones concretas. Deja atrás creencias arcaicas que apuntan a un mundo libre de drogas, decide convivir con el fenómeno, y por sobre todo quitar la regulación de las manos de delincuentes pasándola a un Estado que esta dispuesto a hacerse cargo. Estaremos atentos, no solo para entender y ayudar en este histórico proceso, pero para ver de que manera podemos propiciar políticas de drogas con identidad nacional en cada país latinoamericano para dejar atrás la absurda, fracasada y costosa Guerra contra las Drogas.

_____________

Conoce nuestro Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública [Aquí]

_____________

Publicado también en El Dinamo.