El mito del consumo despenalizado en Chile

Por Eduardo Vergara B. Director de Asuntos del Sur y Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Opinión Pública

Es un momento histórico. Nunca antes la sociedad chilena había encarado frontal y pragmáticamente nuestra absurda política de drogas. Los negativos efectos de una política facilista basada en la prohibición y represión despertaron a un país que hoy clama por un enfoque sensato y centrado en el bienestar humano. Desde un ex Presidente, pasando por académicos, parlamentarios, usuarios, lideres de opinión pública y rostros de TV, el movimiento que busca una reforma es diverso y contundente. No hay vuelta atrás: La pregunta ya no es sobre si reformaremos o no la política, sino cuándo.

La atención mediática obtenida por el proceso al psiquiatra Milton Flores y las mediáticas detenciones de Ariel Mateluna y Manuel Lagos, han acelerado estos procesos. Sin embargo, la situación de miles de mujeres, jóvenes y personas de escasos recursos es tanto o más preocupante. El 52 % de mujeres que cumplen condena en Chile lo hacen por delitos de Ley de Drogas; del total de detenciones por esta misma ley el 56 % corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años y mientras en los sectores pudientes las fuerzas policiales hacen la vista gorda al consumo, en las poblaciones los operativos de control surgen como practica cotidiana.

Hace solo tres o cuatro años, quienes trabajábamos por reformas a la actual política de drogas estábamos prácticamente solos. Tanto en conferencias internacionales como en espacios de debate, Chile se encontraba aislado de una ola de reformas que cubría la región. Pero gracias a los esfuerzos de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas que agrupa a ex presidentes como Fernando H. Cardoso y Cesar Gaviria; de respetados centros de estudio; de organizaciones multilaterales como la OEA y del pragmatismo que llevó a estados como Colorado y Washington a regular la cannabis; la sociedad Chilena decidió desafiar a las elites conservadoras y elstatu quo para abordar una discusión con seriedad. La opinión pública no se queda atrás, Chile es uno de los países más críticos sobre sus políticas de drogas y uno de los más abiertos a terminar con el prohibicionismo, esto lo viene mostrando el Observatorio de Políticas de Drogas de Asuntos del Sur con su trabajo enfocado en estudios de opinión pública sobre drogas en latinoamericanos entre 18 y 34 años.

Si bien hemos llegado a un consenso sobre el actual fracaso, luchamos contra una elite conservadora y gobiernos que continúan diciendo que aquí no pasa nada. Lamentablemente faltan a la verdad y el respeto a quienes con seriedad y evidencia en mano hemos demostrado lo contrario. Basta mirar las cifras oficiales: de las 85 mil detenciones anuales por ley de drogas, más de un 70 % son por consumo, porte y cultivo. Los delincuentes siguen de fiesta. Desde la directora del Senda, otros miembros del gobierno, hasta el poder conservador de la Corporación la Esperanza, el discurso de que en Chile el consumo está despenalizado, se ha transformado en una mentira impresentable, usada para controlar la opinión pública y justificar la continuidad de políticas fundamentalmente arcaicas, fiscalmente irresponsables y causales de masivas violaciones a los derechos humanos. Todo a costa de preservar miradas moralistas, religiosas, hipócritas, políticamente convenientes y plagadas de tabúes ideológicos.

En Chile existe una penalización de facto. Mientras la Ley 20.000 permite el consumo personal, la misma ley se encarga que este sea prácticamente imposible. Una serie de trampas, como el no permitir el “consumo concertado”, el autocultivo o el porte, hacen que la ley prohíba derechos que la misma ley pretende garantizar. Es más, el “consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo” queda a criterio de las fuerzas policiales o los jueces, al tener la atribución de decidir por ejemplo, si la “calidad o pureza de la droga poseída, transportada, guardada o portada no (les) permita racionalmente suponer que está destinada al uso o consumo” personal o que la cantidad, sea la que sea, te puede hacer un consumidor o un traficante.

Pero esta ley no es solo tramposa, sino que altamente costosa. El Estado chileno (mal) gasta más de US 300 millones anuales en generar efectos perversos que han logrado incrementar el consumo, la inseguridad, el empoderamiento del crimen y la violación a los derechos fundamentales de las personas.

Debemos avanzar hacia una política regulatoria, compasiva, fiscalmente responsable y que se fundamente en la evidencia basando su acción en los derechos de las personas. Quienes presentan consumo dependiente o problemático requieren de políticas sanitarias que sin discriminarles entreguen ayuda compasiva. Quienes deciden consumir de manera recreativa, deben tener sus derechos garantizados y dejar de ser perseguidos. La educación es fundamental, pero también la focalización de estrategias para evitar el consumo de drogas entre nuestros niños por medio de la orientación temprana y no el terror. El Estado debe pasar de perseguir y estigmatizar, a educar, empoderar y fortalecer el tejido social para que este pueda tomar decisiones informadas y con evidencia real sobre la mesa.

Para lograr estos cambios solo hace falta voluntad política. Este es el momento propicio para robustecer el debate nacional y avanzar en compromisos que se consoliden en el próximo Gobierno. Es momento de regular una situación que está fuera de control antes que sea demasiado tarde. Pero partamos por situar el debate en su debido contexto, no desperdiciemos esta gran oportunidad.

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Publicada en Diario El Mostrador