Políticas de drogas en América Latina

Por Eduardo Vergara B. Director, Asuntos del Sur

EL NARCOTRAFICO y las políticas de drogas ocuparán un lugar privilegiado en la agenda latinoamericana este 2012. La OEA y Unasur lo han puesto en el centro del debate. Seis presidentes de países centroamericanos ya se comprometieron a desarrollar estrategias conjuntas para combatir el narcotráfico, y jefes de Estado de países como México y Guatemala finalmente están hablando de legalización. Es que estamos frente al fracaso más grande de una política(s) pública en la historia moderna de nuestro continente, una tragedia vergonzosa que merece atención inmediata.

 

La absurda guerra contra las drogas ha cobrado, sólo en México, la vida de más de 50 mil personas, y ha dejado alrededor de 40 mil niños huérfanos. Las cárceles latinoamericanas están hacinadas con infractores a leyes de drogas, y en países como Ecuador hay centros penitenciarios para mujeres, donde entre el 60% y el 80% está ahí por infracciones a estas leyes. A pesar de ciertos avances y planes millonarios, Colombia sigue controlando gran parte del tráfico de cocaína mundial. Pero la presión en estos países ha causado que la guerra se mueva hacia Centroamérica, transformándose en uno de los lugares más violentos del mundo y desde donde hoy se controla el tráfico hacia América del Norte. La violencia y la corrupción asociadas hacen que el desarrollo sea prácticamente imposible en gran parte de nuestra región.

A pesar del prohibicionismo y de los billones de dólares invertidos en la destrucción de cultivos y drogas, el consumo no muestra disminución. El último Informe Mundial de Drogas de la ONU sitúa a Argentina como el segundo país consumidor de cocaína del continente tras Estados Unidos, mientras que América del Sur está por sobre la media de consumo mundial. La producción también crece: en Perú, alrededor de 1.500 laboratorios para procesar pasta de coca son desmantelados al año; Paraguay sigue como productor fuerte, y la innovación para elaborar nuevas drogas pareciera estar en su mejor momento, todo gracias a las políticas prohibicionistas. El prohibicionismo es, además, responsable de la represión hacia consumidores, al tratarlos como delincuentes. Al contrario, el consumo debe ser visto como un problema sanitario y enfrentado con políticas de salud. Chile es un buen ejemplo de cómo las cosas no se deben hacer. Mientras el Estado invita con una mano a la prevención y rehabilitación, con la otra castiga y trata a consumidores como delincuentes. No es menor que más de 30 mil chilenos sean detenidos por consumo y porte y que estrategias como el Plan Verano 2012 sean fiascos mediáticos que anulan un debate que requiere centrarse en la salud y los derechos humanos.

La obsesión por mantener ilegales ciertas drogas es la gran responsable de esta catástrofe. Hemos entregado al crimen organizado un cheque en blanco para que financie el terror: un mercado criminal de 300 billones de dólares al año a nivel global.

El camino es lograr la regulación de ciertas drogas, tal como se hace con el alcohol y el tabaco: el primer paso es la marihuana. América Latina no puede seguir poniendo en riesgo su base social, la paz y el desarrollo, a costa de continuar con esta destructiva incoherencia.

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Columna también publicada en Diario La Tercera [Chile], versión impresa 3/09/2012